Ibercaja ha planteado a los Sindicatos la reducción de su plantilla en 550 trabajadores, así como el cierre de 160 oficinas en diferentes puntos de la geografía española. Se trata de un plan de reestructuración con el objetivo de reducir los costes de la entidad.
Ante el secreto a voces de que por parte de la entidad financiera se pondría en marcha nuevamente un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), esta ha puesto en conocimiento de la representación sindical los planes a corto y medio plazo.
La respuesta de los sindicados ha sido recalcar la necesidad de garantizar la voluntariedad de las bajas. Que las salidas sean en condiciones óptimas y siempre velando por minimizar el impacto de movilidad geográfica, etc.
La exclusión financiera es otro tema del que se ha hablado; aprovechando la ocasión, los sindicatos han reclamado acciones y medidas para la mejora de las condiciones de la plantilla que quede, y evitar la exclusión financiera mencionada ut supra.
No es la primera vez que Ibercaja plantea un ERE. En 2017 hubo otro que se tradujo en 140 oficinas cerradas y 590 bajas (incentivadas). La propuesta inicial planteaba la salida de 96 trabajadores más y el cierre de 160 oficinas.
De los 590 despidos pactados en su día, 500 fueron bajas incentivadas por edad para empleados que tenían entre 55-59 años (80% salario neto más una prima para los que ese año cumplían 57, 58 y 59 años) y con otras condiciones algo más rebajadas para los de 55 y 56. Los otros 90 despidos fueron para trabajadores afectados por la movilidad geográfica planteada y que renunciaron a su puesto de trabajo.
Para el ERE actual se lleva trabajando en aproximadamente 15 días. Según palabras del portavoz sindical de Comisiones Obreras (CCOO), Miguel Ángel Villalba, «hay que ser prudentes, los primeros contactos han sido positivos, pero hay que esperar a que las palabras sean hechos».
El pasado lunes, los sindicatos tuvieron la reunión con la entidad bancaria para seguir negociando el ERE; no salieron demasiado contentos de esta cita, ya que los representantes de CCOO y UGT alegan que «es inaceptable lo que propone la entidad; el 70% de los empleados afectados por esta situación de ERE, se iría con el abono de una indemnización notablemente inferior a la recibida en 2017, fecha del último ajuste».
